En teoría, el mercado debería premiar la innovación, la competencia y la eficiencia; sin embargo, en muchos países, este ideal es reemplazado por un modelo que distorsiona estas dinámicas esenciales: el capitalismo de cuates (crony capitalism en inglés). Este fenómeno se ha infiltrado en diversas economías, desviando recursos y limitando oportunidades a través de conexiones políticas en lugar de capacidades comerciales. En América Latina, y especialmente en México, esta práctica ha creado mercados controlados por unos pocos, donde el éxito no depende de la calidad del producto o servicio, sino de la proximidad al poder.
La pregunta inevitable es: ¿cómo ha llegado México a convertirse en un caso tan destacado de este fenómeno? Entre 2014 y 2023, el país escaló en el ranking global de crony capitalism, pasando del lugar 7 al 5, de acuerdo con The Economist. Este ascenso no es motivo de orgullo; es un reflejo de cómo el mercado libre ha ido cediendo cada vez más espacio a las relaciones privadas entre empresarios y funcionarios. Al explorar las causas y efectos de este sistema, y revisar qué se podría hacer para enfrentarlo, nos acercamos a entender cómo este modelo amenaza no solo la economía, sino también la justicia y el desarrollo en México.
¿Qué es el capitalismo de cuates?
El capitalismo de cuates se refiere a un sistema en el que las relaciones personales con figuras políticas determinan el acceso a beneficios económicos exclusivos, como contratos públicos, permisos de operación o concesiones. En este modelo, el mercado pierde transparencia y apertura, dando lugar a prácticas donde el poder se concentra en grupos privilegiados y la competencia se restringe intencionalmente.
A diferencia de un sistema de libre mercado, donde la competencia y la eficiencia determinan el éxito, en el capitalismo de cuates, este depende más de las relaciones personales y políticas que de la calidad o innovación. Los actores económicos no buscan solo mejorar sus productos o servicios, sino también cultivar relaciones con quienes tienen poder de decisión en el ámbito gubernamental. Esto se hace evidente en casos como el de Petróleos Mexicanos (PEMEX), donde múltiples contratos para servicios de construcción, transporte y suministro han sido adjudicados de manera directa a ciertas empresas con conexiones cercanas al gobierno. Estas adjudicaciones, realizadas sin licitaciones abiertas, han favorecido a ciertos consorcios en detrimento de la competencia justa, generando un sistema donde los costos de operación aumentan y la eficiencia de la empresa se ve comprometida. De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, en 2023, más del 80 % de los contratos de PEMEX fueron adjudicados sin concurso, beneficiando a empresas con vínculos políticos y limitando la entrada de proveedores potencialmente más competitivos.
Consecuencias en el mercado mexicano
El capitalismo de cuates tiene efectos profundos que distorsionan el mercado y afectan a la economía mexicana. Al concentrar los beneficios en un grupo reducido con cercanía al poder, se limitan las oportunidades para nuevos competidores, restringiendo así las opciones para la sociedad. Un claro ejemplo de esta distorsión son los monopolios y oligopolios que dominan sectores clave, como el de telecomunicaciones. En este sector, Telcel, filial de América Móvil, concentra aproximadamente el 60.7% del mercado de telefonía móvil en México, mientras que Telmex controla cerca del 49% de las suscripciones de internet fijo, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Si bien los precios han disminuido desde la reforma en telecomunicaciones de 2013, la alta concentración sigue limitando la competencia y afecta la diversidad de servicios en el mercado .
Además, este sistema desincentiva a las empresas a mejorar e innovar, ya que el éxito depende más de la cercanía con el gobierno que de la competencia. En este entorno, muchas empresas optan por preservar sus beneficios adquiridos en lugar de elevar su calidad, limitando así el desarrollo y la competitividad en sectores clave.
Estado de derecho, autonomía judicial y otras medidas en la lucha contra el capitalismo de cuates
La autonomía del poder judicial es esencial para limitar el favoritismo en la adjudicación de contratos y concesiones, pues un sistema judicial independiente puede hacer cumplir las leyes de manera imparcial. Sin embargo, en México, la independencia del poder judicial enfrenta desafíos importantes. La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 introduce la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante voto popular, lo que ha generado debate sobre su impacto en la imparcialidad de la justicia. Algunos expertos y organizaciones de derechos humanos temen que este proceso electoral pueda influir en la objetividad de los jueces, abriendo la puerta a una mayor politización del sistema judicial.
Este debilitamiento del estado de derecho tiene efectos graves en la economía y en la confianza pública. Según el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, México ocupa el lugar 118 de 142 países, reflejando una debilidad en la implementación de leyes de manera justa y en la protección de derechos fundamentales. En los últimos 15 años, México ha perdido más de 30 posiciones en este índice, y la reciente pérdida de autonomía del poder judicial podría acelerar esta caída, exacerbando la desconfianza en las instituciones y aumentando la percepción de corrupción.
Los datos muestran que los países con menores niveles de capitalismo de cuates suelen tener burocracias más eficientes e instituciones más sólidas, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF) en su edición especial de 2020. Ejemplos como Suiza y Singapur, con bajos niveles de favoritismo político, reflejan cómo instituciones robustas y eficientes contribuyen a una economía más justa y competitiva, limitando el espacio para el amiguismo en los negocios (The Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery, WEF).
Para combatir esta situación, además de la independencia judicial, otras medidas pueden limitar el favoritismo en el mercado mexicano:
Transparencia en la contratación pública: Sistemas de licitación en línea y revisiones externas pueden reducir el favoritismo. En Estonia, las plataformas digitales han disminuido la corrupción en contratos públicos en un 35% desde 2010, según el Banco Mundial, mostrando cómo la transparencia digital limita el amiguismo.
Fortalecimiento de instituciones reguladoras: Un marco regulatorio robusto y autónomo, como el IFT en México, es crucial para evitar privilegios a empresas con influencias políticas. Sin embargo, la discusión en 2024 sobre eliminar organismos autónomos representa un riesgo de concentrar poder en el gobierno, disminuyendo la transparencia y favoreciendo el amiguismo.
Promoción de la rendición de cuentas: La declaración patrimonial y la supervisión de conflictos de interés en altos funcionarios, gestionadas en Canadá por la Oficina del Comisionado de Conflictos de Interés y Ética (CIEC, por sus siglas en inglés), previenen el abuso de poder y promueven la responsabilidad.
Por lo tanto, la solución no es simple, pero es posible. La autonomía judicial, la transparencia en la contratación pública y la rendición de cuentas son importantísimos; son herramientas esenciales para construir un país donde las oportunidades no se definan por la influencia, sino por el mérito y la innovación. Combatir este fenómeno es una tarea que nos compromete a todos: solo con una participación activa de la sociedad civil organizada y una demanda constante de transparencia podremos construir una economía justa y competitiva. México enfrenta el reto de desmantelar este modelo que limita su potencial; es una tarea urgente que exige nuestra responsabilidad y un esfuerzo decidido para construir un futuro en el que el progreso esté al alcance de todos.
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